Los privados de la libertad, recluidos en Colombia;
inmersos en un ambiente de corrupción e injusticia por parte de muchos de los
agentes del Estado colombiano, que tienen contacto directo o indirecto con los
establecimientos carcelario y/o penitenciario; nos dirigimos a su santidad para
Manifestarle:
-
Que
el Estado colombiano está catalogado como el segundo de la región en donde más
se violan los derechos de los presos y detenidos a consecuencia de un
sistemático hacinamiento.
-
Que,
históricamente, el Estado Colombiano ha
mantenido como política carcelaria y penitenciaria el abandono y la precariedad
de los ciudadanos que se encuentra privados de la libertad.
-
Que
los gobiernos han consentido indistintamente en este menosprecio hacia quienes
se encuentran en proceso o ya han sido condenados justa o injustamente, por alguna conducta señalada como delictuosa.
-
Que
la convivencia pacífica, la “sana rehabilitación” y la pretendida
“resocialización”, en Colombia, son una ilusión y una mascarada.
-
Que
en Colombia se presume, equivocadamente, que el mero encierro de seres humanos
que han cometido errores en su vida, obra como mágica fórmula terapéutica que
sana a los reos y los prepara para una posterior vida en comunidad; cuando en
realidad, lo que se evidencia es: la profesionalización, el refinamiento del
crimen y la constitución de nuevas y más poderosas organizaciones criminales.
-
Que
Irresponsablemente se siguen aprobando leyes que endurecen las penas sin tener
en consideración que el Estado carece de infraestructura y presupuesto,
necesarios para cumplir con su función en el tratamiento de la criminalidad;
afectando la dignidad del reo; convirtiéndose así el Estado colombiano, en
violador de los Derechos Humanos de los presos y detenidos.
-
Que
la población carcelaria colombiana es especialmente vulnerable a la acción de agentes estatales por depender
íntegramente de su autoridad.
-
Que
aunque en Colombia no todos somos católicos, la inmensa mayoría creemos en
Dios; pero lamentablemente no hay claridad sobre las verdaderas enseñanzas de
nuestro señor Jesucristo.
- Que el Estado
colombiano no debe seguir excusándose, en una consecuencia de su propia
negligencia, como lo es el hacinamiento carcelario; para incumplir con sus
deberes constitucionales de protección de TODOS sus nacionales.
LA CARCEL NO ES LA SOLUCION
De manera simplista, con cárcel[i],
se pretende dar solución a un problema
social, mediante la represión de las consecuencias del verdadero problema; sin
atacar de fondo la verdadera raíz de la
situación.Es claro que la situación está a punto de estallar y es evidente que
la política criminal frente al delito, NO está dando los resultados esperados y
Colombia es uno de los países con más presos en Suramérica. Esto lo ponemos de
presente (por ejemplo),en las entrevistas realizadas en el programa:
LOS
GUARDIANES DE LOS DERECHOS HUMANOS, CABLENOTICIAS. “DELITOS SEXUALES; CUSTODIA,
DINERO Y VENGANZAS”
Para
evidenciar estos problemas; ya que la justicia no está teniendo en cuenta estos
casos de evidente FRAUDE PROCESAL. Están (por ejemplo) en prisión, esposos que han sacrificado toda su
vida a fin de obtener una casita o un vehículo y un día cualquiera; la esposa
se consigue un amante y entre los dos deciden dejar fuera del camino al marido;
acusándolo de un delito sexual. Y es que hoy por hoy, es más práctico hacer encarcelar a un familiar, acusándolo de un delito
sexual, en vez de asesinarlo, como frecuentemente se solía ver en nuestra
enferma sociedad.
El delito sexual, es el delito
de moda en Colombia[1]; no discrimina edad, posición
social, ni raza. Cualquier persona puede ser señalada de cometerlo; sobre todo
si es hombre, ya que nuestra machista legislación, se ha empeñado en dar una
excelente protección a la mujer, en detrimento del igual derecho de todos y
todas. Sea cual sea la razón por la cual un ser humano cae en las garras de
nuestro perverso sistema judicial colombiano, lo menos que cualquier
desprevenido ciudadano espera, es que el
abordaje del delito, se haga a la luz de principios éticos convencionales, como
la imparcialidad, la objetividad, el profesionalismo y la responsabilidad
social de aquellos agentes del Estado encargados de hacer cumplir fielmente las
leyes. Pero en realidad, quien es imputado o acusado de un delito en Colombia,
está absolutamente atrapado en una telaraña siniestra, con muy pocas
oportunidades de obtener un juzgamiento digno y justo. No se tienen en cuenta
las condiciones específicas del señalado, su trayectoria dentro de la sociedad,
sus antecedentes laborales, su grado de preparación o en general su Curriculum Vitae, por bueno que sea.
Realmente, lo relevante, es que, el encartado: fue señalado por un delito y es presumido culpable, hasta que demuestre
lo contrario. Al punto que, si tiene hijos pequeños, esto se utiliza como
argumento peligrosista, para justificar una medida de aseguramiento, alejándolo
de su familia; desconociendo sus derechos, los de sus menores hijos y poniendo
en situación de vulnerabilidad a todo el entorno familiar del procesado. Lo que
cualquiera espera; es que se haga una
investigación seria, a la luz del Derecho; para que se llegue a saber la verdad
que subyace tras los dichos expuestos por cualquier
persona en una denuncia. Los delincuentes más peligrosos en Colombia no
están en las CARCELES, están entre los operadores
de JUSTICIA. NO matan; NO hieren con puñal o armas de
fuego; pero destruyen familias enviando hombres o mujeres inocentes a la
cárcel; solamente por mostrar positivos en sus indicadores de gestión. Los
jueces interpretan la fórmula: “Más allá de toda duda razonable”, tergiversándola
con la de: hacer a un lado todas las dudas razonables dentro de un proceso y no
obstante, condenar. Y si, por ejemplo, no hay pruebas suficientes para condenar
por un acceso carnal violento, entonces no tienen el menor reparo en –ayudarle al procesado- cambiando el
delito al de actos sexuales abusivos, que requiere –solamente- la versión de la presunta víctima para poder condenar;
según argumentan todos los días, los jueces en sus sentencias condenatorias.
Es
necesario señalar, que hay una enorme falla en el sistema judicial colombiano;
por cuanto, no hay límite al máximo de casos que debe atender, en un
determinado lapso de tiempo, un juez o
un fiscal. Y así se explica, cómo las decisiones judiciales, terminan siendo automáticas. ¿Cuánto tiempo le podrá
dedicar un juez a un proceso, si tiene que conocer cientos de casos en un mismo
mes? En el mismo sentido, el promedio de casos que conoce un abogado de la
Defensoría del Pueblo nacional, es de por lo menos mil (1000) mensuales. ¿A
quién podrán defender adecuadamente? Por
ello, terminan imponiendo, sutilmente; que lo mejor es “recomendar” al
sindicado (INOCENTE en muchos casos), que acepte
los cargos para que tenga derecho a los supuestos beneficios de rebaja de penas
y así no le vaya tan mal en juicio. ¿Qué garantías tienen, los que son y no son
parte de la élite social y política Colombiana? Pues, NINGUNA.
POLÍTICA CRIMINAL EQUIVOCADA
A
esto, se le suma la equivocada política criminal colombiana, que pretende ganar
para los gobiernos, el beneplácito de la comunidad; aumentando de las penas
para delitos de alto impacto mediático; pero que las cifras los han dejado,
-con el pasar del tiempo-, en una evidente vergüenza nacional. Curiosamente,
con el aumento de las penas para la mayoría de los delitos, no baja el número
de presos; sino que por el contrario, aumenta y sigue creciendo
exponencialmente. Muchos de los condenados se deben enfrentar a su desgracia,
resignados a tener que pagar su condena sin derecho a algún beneficio,
subrogado o derecho de libertad anticipada. Por obra y gracia de nuestros
populistas legisladores y los jueces carceleros; toda interpretación
jurisprudencial, respecto al cumplimiento de la pena impuesta, se percibe
sesgada y por fuera de la más elemental Misericordia cristiana o los más
elementales principios del Derecho Universal. Los honorables jueces de la
República condenan al procesado, aplicando castigos ejemplarizantes y
utilizando la ley con saña e irrespeto de la dignidad humana. Aplicando
flagrantemente la proscrita doctrina de la Responsabilidad Colectiva; pues cada
vez que aparece algún desatinado y enfermo, que comete alguna barbaridad,
entonces no tienen ningún empacho en endurecer las condiciones de todos los
señalados como delincuentes y no tienen reparo alguno en anunciarlo en sus
fallos condenatorios o de negación de beneficios, subrogados o derechos para
los condenados que están bajo su administración. A pesar de que las Altas
Cortes nacionales se han pronunciado recientemente a favor de reconocer los
derechos inalienables de los, también seres humanos, privados de la libertad
por diversos delitos; no obstante, la mayoría de jueces y honorables
magistrados, siguen aplicando sentencias antiguas (2004, 2005, 2006 o 2007), de
las mismas honorables Cortes nacionales; sentencias obsoletas, de manera
caprichosa y amañada y de lejos superadas por las nuevas orientaciones
jurisprudenciales, más humanas y adecuadas a la realidad nacional. Es decir que
tenemos leyes y jurisprudencia para todos los gustos. Es el negocito de los honorables togados quienes escudados en su
autonomía para tomar decisiones; le terminan brindando la libertad a quien
pueda pagarla. No hay seguridad jurídica en Colombia para los pobres.
A
propósito del actual Proceso de Paz firmado con las FARC –EP, es necesario
poner de presente; que no hay un solo preso en Colombia, de los mal llamados “delincuentes
sociales”, que haya cometido los mismos o tantos delitos como los que han
cometido las guerrillas y en consecuencia se hace necesario visibilizar la
tremenda desigualdad en el tratamiento de las penas para la mayoría de los
delitos; respecto de los denominados “delincuentes políticos”. ¿Será posible
que el actual gobierno colombiano, tan conciliador y complaciente con el delito
político; por una Paz Incluyente, no tendrá alguna consideración hacía los
demás que cometieron errores o injustamente están privados de la libertad por
otros delitos?
PETICIÓN FORMAL DE PERDON PAPAL Y APLICACIÓN DE LA LEY
UNIVERSAL DE JUBILEO
Por
estas razones, las personas privadas de la libertad (incluido el delito sexual)
en Colombia, junto con sus familias y demás personas sensibles a esta delicada
problemática, mediante sus firmas; formalmente piden la MISERICORDIA y el PERDON PAPAL, por las culpas o errores que
han cometido contra su prójimo o cualquier otra falta que hayan cometido ante
Dios y estén privados de la libertad injustamente. Por esto solicitan
respetuosamente a su santidad, con motivo de su próxima venida al país;que
considere la posibilidad de gestionar ante el gobierno nacional, la concesión
de una REBAJA
DE PENA, para la totalidad de los presos
en Colombia. En consecuencia y también en el marco del acuerdo de Paz firmado
con la Guerrilla de las Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia F.A.R.C. –
E.P.; y el muy seguramente exitoso
acuerdo con el Ejercito de liberación nacional E.L.N. Además, en virtud del
Derecho Fundamental a la igualdad.
Teniendo
en cuenta todas las anteriores razones: nos declaramos en claro desacuerdo con las
ya mencionadas injusticias en Colombia y pedimos con profundo respeto al sumo
pontífice: muy especialmente, que en aras
de conjurar el sistemático y absurdo hacinamiento carcelario, se conceda a
todos los presos; esta generosa gracia
papal; que implica el necesario y
obligatorio compromiso de No reincidencia y el condicionamiento a perder
dicha gracia, en caso de presentar una nueva conducta delictiva. Tal rebaja de
pena se justificaría a consecuencia de la bíblica norma del Jubileo, apelando a
fundamentales valores cristianos, arraigados en nuestra sociedad, como el
Perdón y la Misericordia; para que todos[2]
(incluidos los presos por el delito sexual) sean tratados benévolamente, como
gesto de reconciliación nacional, a pesar de haber cometido faltas gravísimas (también
hay inocentes), que atentaron contra su prójimo, la sociedad y la legislación
nacional colombiana.
Teniendo el honor
de profesar el más profundo respeto hacia Su Santidad,nos despedimos, con suma
humildady ánimo de servicio a nuestro creador,
Con los mejores deseos para Su Santidad, muy atentamente
Presos y detenidos en Colombia
Anexamos firmas de respaldo de
presos, sus familiares amigos y personas sensibles a esta causa:
[1]Carlos Enrique Díaz Hernández –
Álvaro Salazar Hincapié. Las injusticias del delito sexual en Colombia. 2017.
[i]“A los que roban se los encarcela; a los que violan se los encarcela; a
los quematan, también. ¿De dónde viene esta extraña práctica y el curioso
proyectode encerrar para corregir, que traen consigo los Códigos penales de la épocamoderna?
¿Una vieja herencia de lasmazmorras de la Edad Media? Más bienuna tecnología
nueva: el desarrollo, del siglo XVI al XIX, de un verdaderoconjunto de
procedimientos para dividir en zonas, controlar, medir, encauzara los
individuos y hacerlos a la vez "dóciles y útiles"”. Vigilar y
castigar, Michael Foucault, © 1976, Siglo XXI Editores, S.A. de C.V.
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