E.C. Bogotá UN NEGOCIO REDONDO

Noviembre de 2012

Establecimiento Carcelario Bogotá - La Modelo

¿Un negocio redondo?

Mucho se ha dicho históricamente respecto a la crisis carcelaria por el hacinamiento, sin que se vea una verdadera solución que beneficie a la sociedad. En consecuencia, es pertinente y necesario insistir y contribuir a la solución de esta situación; exponiendo de manera concreta lo que ocurre al interior de la madre de las cárceles colombianas, teniendo en cuenta que estas dinámicas son una constante en el tiempo, con tendencia al refinamiento y la mutación, de acuerdo a las circunstancias del momento y teniendo en cuenta que quien escribe apenas tiene una visión limitada de la situación y no alcanza a percibir la corrupción de cuello blanco, en las esferas del control carcelario, más allá del pabellón. Es decir, que se trata de visibilizar el problema desde la perspectiva de un interno cualquiera, que padece en carne propia los rigores del encierro más absurdo, que sólo beneficia a un sector especifico y particular de la comunidad y no a la generalidad de nuestra sociedad, como debiera ser, según nuestra Constitución Política, la ley y el más elemental sentido común.

Quien jamás ha tenido un problema judicial no alcanza a imaginar todo lo que sucede detrás de la fachada aparente de supuesta justa causa,  para privar de la libertad a quien es sospechoso o efectivamente ha cometido un delito en Colombia. Así, desde lo más bajo de la lumpen sociedad criminal común, hasta las más altas esferas del sistema imperante; hay quien encuentra en el ámbito carcelario un “modus vivendi”, un proyecto de vida viable, respaldado por una sociedad ignorantemente convencida de que lo mejor para todos es mantener encerrado a quienes creen  que lo merecen. Lamentablemente, sólo quien se ve enfrentado a la realidad carcelaria, empieza a valorar en poca o en gran medida, la posibilidad real de familiarizarse con los argumentos  que se pretenden utilizar  para encerrarlo, a saber: las Leyes. Son éstas las que definen quien debe o no permanecer  privado de la libertad, en contra de su voluntad; pero además,  son las mismas leyes las que crean las condiciones propicias a otras criminalidades. Ilegalismos aceptados hipócritamente por los encargados de investigar, acusar, defender,  juzgar, custodiar, vigilar y castigar a los ciudadanos que son objeto del poder judicial, por ser  considerados probables o reales transgresores de las normas penales vigentes.

Los operadores de la justicia, se saben limitados por el mismo ordenamiento  jurídico que aparentemente pretende controlarlo todo, pero que también, en la práctica, siempre deja el espacio suficiente, para la transgresión funcional al mismo sistema formal, que tolera la impunidad de los primeros.

Los jueces temen ser señalados por los medios masivos de difusión, prefieren lavarse las manos al dejar las decisiones de libertad en manos de sus superiores jerárquicos y terminan condenando a quien es criminalizado  previamente por la prensa; amparados en una pretendida autonomía de decisión, que termina siendo influenciada, no solo por la presión del reproche social o la de sus  pares, sino también por la incomodidad y temor de tener que ser objeto de posibles investigaciones disciplinarias por parte de sus superiores jerárquicos, cuando necesariamente, tienen que absolver a un inocente, víctima de las desproporcionadas medidas de aseguramiento peligrosistas , que sobreviven en nuestra caótica, errática y absurda legislación nacional. Aparte  de la  posibilidad real de comprar su libertad directamente al juez de conocimiento, por intermedio de un buen abogado arreglista, el procesado puede optar por un amplio paquete de bienes y servicios carcelarios, fruto de la necesidad artificial creada por el Estado, al mantener por fuera del mercado normal a cualquier incauto que caiga en  sus garras. Éste, mercado carcelario, obedece a reglas que son el más preciado sueño de cualquier comerciante pro-capitalista.

Así, en el mercado carcelario, no se trata simplemente de que  todo tenga precio. La limitación de  la libertad de locomoción, se constituye en el factor que dispara todos los abusos posibles contra el interno, por su imposibilidad material de acceder a bienes y servicios. En prisión todo bien es gravado con el impuesto arbitrario de quien tenga el control del mismo bien y comprar al por mayor es más oneroso que comprar al detal, ya que la posesión de un bien cualquiera, en el mercado artificial de la cárcel, adquiere una mayor relevancia que en condiciones normales. El acaparamiento y la especulación están a la  orden del día, siendo una constante sostenida y avalada por todo el  sistema y  sus agentes. La persona que llega a, La Modelo por primera vez, pronto aprende que al estar sometido a esta demencial  dinámica del encierro; todo lo que tenía u obtenía en libertad le va a costar ahora más, porque tiene que satisfacer las necesidades de sus mal pagos carceleros y sus ayudantes internos. Y es que como ocurre con cualquier  concepto, el carcelario, está sometido a la interpretación amañada de todos y cada uno de los agentes que, directa o indirectamente, ejercen alguna actividad que tenga que ver con la persona del procesado o sus familiares. Entre otras cosas, porque la incapacidad del Estado es  tan manifiesta, que no se percibe por lado alguno, la intención de verificar que el sistema carcelario esté funcionando como debe y para lo que fue creado, al menos en teoría.

Ya en celdas primarias, el cuadro es desolador. Paredes con manchas de huellas dactilares de miles de dedos por todas partes, señal de que nunca hubo un carcelero al que le importara la imagen de este sitio, para cualquier visitante, transitorio o permanente, y señal de que al Director del penal, tampoco le ha interesado pasar por allí, a mirar sus paredes, las que también están bajo su custodia. Es decir que el mensaje queda bien claro al recién llegado: “Lo que pasa en la cárcel, no le importa a nadie”. Baterías de baño descompuestas o tamponadas con excrementos, sistemas de iluminación deficiente o incompleta y cientos de miles de chinches que atacan en la oscuridad, completan el escenario adecuado para el primer negocio. Si quiere, el recién llegado, pasar la noche medianamente bien, entonces debe pagar el precio al carcelario de turno, por medio de un ayudante interno, puesto allí para esta función, si no cuenta con recursos económicos, entonces pernoctará a oscuras, sin baño y amontonado para que alimente la población de chinches, que históricamente ha ganado la batalla por el control de la prisión, a todos los directores que han pasado por  ella; desde su construcción. Si quiere llamar a teléfono celular, debe pagarle al carcelero de confianza; siempre hay uno de turno que tiene o consigue cualquier cosa que se necesite: tarjetas para llamar, conocidas como pines; cigarrillos, cocaína, marihuana, comida de la calle, alcohol; lo que sea desde que se pague el precio. Así,  un pin de $3.000, para llamar, cuesta $6.000; y uno de $5.000, cuesta $10.000; cigarrillos a $10.000 el paquete; bandeja de restaurante (de la calle) a $20.000; un cuarto de aguardiente $50.000 y un cigarrillo de marihuana $2.000. Si el recién llegado desea ser ubicado, posteriormente, en un pabellón de 5 estrellas, es decir el tercero, entonces debe alistar $5`000.000, para que sean consignados por un familiar o conocido, en la cuenta bancaria que el carcelero le indique. Con dinero, los carceleros son buenos criados y siempre están  dispuestos a colaborar. Con dinero se accede a un corte de cabello decente y aun trato digno, durante este primer ejercicio de reseña. Después de mínimo una noche en primarias, si no llega en fin de semana o puente festivo, entonces viene el traslado a un pabellón.

Una vez en el pabellón, el carcelero encargado del mismo (Pabellonero), deja al interno a disposición de los pasilleros; quienes determinan en que pasillo y que piso será ubicado el nuevo interno. Los pasilleros son internos que se toman el poder autocráticamente y (generalmente), junto con el promotor de Derechos Humanos (interno también), son la autoridad dentro del pabellón. Una vez asignado piso y pasillo para el interno, el pasillero respectivo, junto con su ayudante, hacen el primer cobro extorsivo de llegada. El interno tiene plazo hasta el siguiente domingo, para que sus familiares consignen o dejen, donde y con quien les indiquen, en alguno de los varios puntos dispuestos para  ello, en los alrededores del penal, una suma de dinero entre los $70.000 y los $200.000, para supuestos gastos para implementos de aseo. Como hay hacinamiento y todas las celdas están ocupadas el recién llegado dormirá en el físico suelo; si el nuevo desea dormir en  celda, y tiene dinero, entonces si hay celda; el precio es en promedio de $2`000.000, o por lo menos $300.000, para dormir en el piso de una celda (hueco), debajo de la plancha; en caso contrario el nuevo deberá dormir en el piso del pasillo o en hamacas también en el pasillo. El  guardia, que en un principio condujo al nuevo con los pasilleros; por un módico precio negociado entre los $20.000 y los $40.000, les da la información necesaria a los pasilleros, a fin de conocer la solvencia económica del recién llegado y poder así cobrar en consecuencia. A esta dinámica de recién llegado al pabellón, ambientada con gritos amenazantes desde los pisos, por parte de los ayudantes de los pasilleros, con el fin de amedrentar a los recién llegados para que aflojen más fácilmente el dinero; son ajenos los carceleros quienes, una vez el interno queda dentro del pabellón, se desentienden totalmente de los presos. Su única preocupación es que en las dos o tres contadas diarias, de mañana, tarde y noche los internos estén completos y que se vea ordenada la actividad de  paso a recibir los alimentos. De resto, los guardias no controlan relación alguna que se dé entre los presos. Salvo, cuando hay agresiones físicas de sangre, en cuyo caso necesariamente se da la escasísima atención médica y  el  consecuente informe a superiores.

¿Qué clase de tratamiento carcelario es este, en donde el interno permanece la mayor parte del día interactuando con gentes de todas las edades, sin distinción entre sindicados y condenados, y en donde, claramente, se percibe que el control del pabellón lo tiene los mismos internos? El personal de guardia cumple exclusivamente la función de vigilancia y evidentemente no está preparado, técnica u operativamente, para cumplir cualquiera otra función, con lo cual; difícilmente, el Estado puede verificar alguna verdadera terapia de resocialización y por el contrario, fomenta las condiciones para la afectación negativa de cualquier presunto inocente, que sea sometido a semejante dinámica de convivencia.

Luego del primer cobro extorsivo, los pasilleros cobran una cuota semanal o mensual, de acuerdo al pabellón,  a cada uno de los internos, tanto si duermen en celda o en pasillo (carretera), esta cuota desde los $3.000 hasta los $20.000, sirve entre otras cosas para pagar el impuesto mensual exigido por el Pabellonero (guardián) de turno, ya que la guardia es cambiada cada mes y el nuevo guardia Pabellonero define su tarifa del  mes para el pabellón. Este impuesto puede ir desde lo $800.000, hasta los $8`000.000, de acuerdo al apetito y necesidades personales del guardia.  Los pasilleros son los encargados de hacer efectivo el cobro a los internos y de verificar el pago, de acuerdo a las condiciones fijadas por el pabellonero. Por esta razón, la guardia admite la existencia de este gobierno de facto, dentro del pabellón; de lo contrario no podría exigir la cuota mensual. Este pago garantiza un mes tranquilo, sin muchas inspecciones (rascadas) y sin mucho control por drogas o teléfonos celulares. Algunos guardias deciden no cobrar la mensualidad,  pues consideran más lucrativo patrullar constantemente los pisos, para inspeccionar y pescar teléfonos o drogas y cobrar individualmente por su devolución. Cualquier servicio adicional es cobrado por aparte. Objetos o documentos que el interno necesite dentro del patio,  pueden ser entrados por el guardia de confianza, quien lo hará si se le paga el precio justo, que incluye soborno al guardia del pasillo central del penal. De igual manera, si se requiere que algún documento salga del patio, el guardia de confianza hará la gestión (tranza). Aunque el INPEC pregona que ningún servicio prestado por la institución tiene costo alguno, lo cierto es que TODO tiene precio, el cual es pagado por los internos o sus familiares a los guardias correspondientes.

El negocio de los pabelloneros, es la cuota mensual y el  pago por rescate de teléfonos celulares, que va desde $50.000 hasta $150.000 por cada uno que encuentre. Cuando hay rascada, el guardia que encuentra el teléfono es quien cobra. Los guardias asignados a talleres educativos o capilla, cobran un pin de $5.000 por borrar cada falta de asistencia y por faltas  disciplinarias cobran $20.000. También cobran por admitir en estos espacios, internos sin orden de salida a descuento o que no están en lista (balseados). El guardia encargado de sacar a los internos del pabellón para llevarlos a actividades deportivas (cancha de fútbol), cobra un pin de $3000 por cada jugador que sale. Igual ocurre con cualquier actividad que se desarrolle e implique la salida del pabellón. Si los internos juegan microfútbol, banquitas o voleibol dentro del patio, pagan una gaseosa por jugador y si, lamentablemente, patean el balón muy fuerte y sale del pabellón, el rescate del balón es de $20.000, que serán pagados al Pabellonero. Quien quiere adicionar o sacar a un familiar de la lista de visitantes, extemporáneamente, es decir, en fecha diferente a la definida oficialmente para ello, deberá pagar $50.000 por cada cambio, al guardia encargado; así esté autorizado el cambio por el director del penal. Para mejorar el negocio, justificándose en el hacinamiento, y a pesar de que oficialmente la lista Visitor puede ser cambiada cada tres meses, en la práctica, los internos sólo pueden  hacer estos cambios sin costo, cada seis o más meses.

Cualquier falta cometida por un interno, es cobrada por el guardia que tiene conocimiento de ella, so pena de presentar el respectivo informe. Quien se postula para ser enviado a la denominada U.T   (Cárcel dentro de la cárcel) o al pabellón de alta seguridad, por haber cometido alguna falta grave, deberá pagar al guardia respectivo, de $2`000.000 a $5`000.000, si se quiere sustraer a dicha pena. Igual, quien va a ser trasladado por haber agotado todos sus recursos de defensa y le corresponde en turno ir a pagar su condena en una penitenciaría; puede pagar para continuar en La Modelo. Por esta razón, inexplicablemente, muchos internos que ya fueron condenados, siguen apareciendo en las bases de datos de La Modelo como sindicados. Los guardias encargados de manejar tiendas de expendio en los pabellones, cobran entre $3.000 y $5.000 por despachar mercancías, preferentemente y sin hacer fila, a quien pague el precio. A esto se le denomina servicio de lista, y por este, el interno puede comprar la cantidad que dese en pines para llamar, o cualquier otra mercancía que escasee. Así, de manera muy conveniente e inexplicable, siempre escasean los pines, cigarrillos, café y azúcar; para que haya más usuarios del servicio de lista. Cabe anotar que aunque el distribuidor externo del café regala el azúcar para el mismo; al interno le venden por aparte el azúcar, por fuera de la tienda. Ese solo negocio deja un promedio de $4`.000.000 mensuales para el guardia y sus ayudantes que le venden azúcar dentro del patio. Quien quiere comer bien, debe pagar una contrata a los internos de servir el alimento (rancheros), estos a su vez, deben pagar a los pabelloneros, entre $50.000 y $100.000 mensuales, cada uno; para que los dejen salir del patio (a trabajar) y así poder cumplir con su, voluntaria labor, ya que inexplicablemente no son tenidos en cuenta, por la dirección del penal, para registrarlos en actividad de redención, o descuento de pena por trabajo. Sólo descuenta uno de los del equipo de rancheros, denominado fiscal de alimentos; quien se limita a verificar que la comida alcance para todos los internos del pabellón, pero no existe control efectivo alguno sobre las cantidades y calidades servidas a cada interno. Tampoco existe verificación real de que cada centavo girado por el Estado al INPEC, llegue efectivamente  al plato de cada interno. No llega al patio información alguna y el preso no tiene información alguna y el preso no tiene la más mínima idea de cuál es la ración que le corresponde en gramos y medidas por porción y así poder reclamar. Igual ocurre con los útiles e implementos de aseo , ya que al año el interno recibe 2 pequeños kit de aseo, consistentes cada uno, en un rollo de papel higiénico, una barra de jabón de baño, otra para ropa, un cepillo de dientes, una crema dental mediana y una máquina de afeitar de pésima calidad. Y esto, donado por la iglesia católica. Es decir, que el INPEC, no da al interno un sólo centavo para su higiene personal; siendo que el interno depende totalmente del Estado, pero tiene que sufragar sus gastos de aseo. Tampoco llega a manos del interno una sola bolsa de jabón para el aseo del pabellón, baños o comedor. Igual ocurre con el vestido del interno, que debe traerlo la familia, mensualmente, con injustas restricciones, cuando debiera darlo la misma institución. Si hay colombianos en  prisión por sustraerse a sus obligaciones con sus hijos, ¿Qué legitimidad tiene un Estado que no cumple con sus obligaciones?

El INPEC tiene otro negocio con los desplazamientos de internos a diligencias judiciales. Cada vez que un interno tiene una audiencia en estrados, el Estado paga al INPEC $500.000 por su desplazamiento. En principio esto sería adecuado, considerando el riesgo de seguridad que implica sacar a un  interno del penal y volverlo a ingresar. Lo que no se justifica, es la cantidad de veces que el INPEC transporta internos sin necesidad. Esto ocurre porque, no obstante que los juzgados informan de los aplazamientos de las audiencias, con la debida anticipación a la institución carcelaria; los funcionarios encargados hacen caso omiso y sacan a pasear a los internos, para legalizar el costo del operativo, que llega hasta los $6`000.000, cuando el desplazamiento es intermunicipal. Igual ocurrió durante el reciente paro judicial (2012), cuando a pesar de que el INPEC sabía que no se realizarían las audiencias judiciales; sacó juiciosamente a los internos, para cobrar lo correspondiente a desplazamientos innecesarios.

Todo esto ocurre, sin que se vea control alguno por parte de los organismos gubernamentales encargados de esta función y en  todo caso, cuando estos anuncian una visita al penal para hacer veedurías y auditorías, la institución carcelaria, tiene el tiempo suficiente y los mecanismos necesarios para maquillar la situación real y cuando algún eficiente funcionario quiere indagar directamente en los pabellones, tiene que ir acompañado de algún funcionario del INPEC, que se encarga de obstaculizar la investigación, pues orienta la visita de tal manera que no llega en horarios clave como la repartición de alimentos y en la mayoría de los casos, quien investiga es abordado por internos que hacen parte del sistema corrupto y le dan una imagen tergiversada de la realidad. Si quien averigua, logra vencer este cerco; su investigación es limitada por el miedo de los internos, ante seguras represalias en su contra, al denunciar. Este miedo se materializa en consecuencias puntuales que afectan el bienestar del quejoso; traslado de penal, alejando al interno de su familia; incriminación falsa por delitos inventados, en relación con la corrupción dentro del patio; acusaciones con pruebas acomodadas por porte de armas blancas, celulares o drogas, etc. Al colmo, quien debiera hacer las veces de vocero del pabellón, es decir, el promotor de Derechos Humanos, en la mayoría de los casos es quien más se beneficia de la corrupción dentro del patio, y por lo tanto, tampoco le interesa que las cosas cambien para bien. En el mejor de los casos, no quiere perder sus privilegios, ya que al igual que el resto de los internos, teme a las represalias antes mencionadas, y entonces suele utilizar su poder para beneficio propio y para mantener el status quo. Así, aprovecha su posición para fiscalizar toda la correspondencia del pabellón, violando de paso la privacidad de  la correspondencia de los internos, y enterándose de cualquier denuncia que se quiera presentar, para neutralizarla de cualquier manera, bien sea por medio de la disuasión o por medio de la violencia, ejercida por los matones del  patio.

El hacinamiento en las prisiones colombianas no se acaba, porque hay demasiados intereses en juego. El dinero que se genera como consecuencia de esta situación es mucho,  como para dejar que se acabe el negocio redondo de la prisión. Son quienes se benefician de este absurdo, los principales interesados en que las cosas no cambien y en consecuencia, hacen todo lo que está a su alcance,  para que el Estado no invierta el presupuesto necesario a fin de dar a la prisión el rumbo que, históricamente,  nunca ha tenido. Es decir, el de mínimamente constituirse en un aparato ideológico del Estado, que verdaderamente y como excepcional instancia, logre resocializar y reencauzar a los individuos que no han podido ser normalizados en la familia, la escuela, el servicio militar o la fábrica. Entre otras cosas, porque el actual resultado de la terapia carcelaria, termina siendo más funcional al sistema social corrupto, que si efectivamente transformara delincuentes en ciudadanos ejemplares.

Ese es el verdadero negocio redondo de la cárcel Modelo de Bogotá, que en honor a su nombre, es el modelo que se replica en todas las cárceles y penitenciarías del país, en mayor o menor medida; pero con el mismo concepto. Históricamente, muchas veces se ha denunciado esta y otras situaciones aún más aberrantes, pero como los hechos lo demuestran, pareciera que nadie está realmente interesado y comprometido con que esto cambie, por lo menos, entre quienes tienen el poder de hacer algo; hace falta voluntad política, al igual que con otras muchas injusticias en Colombia. Si los honorables jueces de la república han esperado por 20 años a que les resuelvan una elemental nivelación salarial, y tal vez tengan que esperar unos cuantos años más: ¿Qué suerte le espera a los internos de las prisiones? ¿Quién hará valer los Derechos Humanos de los presos en Colombia? Siendo que, a nivel internacional ocupamos el segundo deshonroso puesto en la región, como Estado que más viola los derechos de los presos.

El ejemplo que reciben los presos y detenidos de Colombia, por parte de sus captores y carceleros, es que en este país el crimen si paga, y solo basta afinar un poco los métodos para no dejarse atrapar.

Tal parece que falta mucho para que nuestra sociedad entienda que la prisión es una institución obsoleta, absurda y demencial. Es un lastre de pretéritas épocas de barbarie, aún por superar; que nunca produjo algo bueno y que contradice, por su misma naturaleza, el más elemental principio de los Derechos Humanos, como es la dignidad del individuo y la Libertad. Cuando la humanidad comprenda esto; caerán por fin, los muros de todas las prisiones, físicas e ideológicas.           

Un preso más.

(Este documento fue puesto en diciembre de 2012 en el escritorio de la entonces Ministra de Justicia y a los quince días, el funcionario que lo hizo fue expulsado de su cargo).